Cómo crear confianza digital en el consumidor y evitar sanciones

Según los expertos de Legalizatutiendaonline.es, hay 10 puntos clave a los que los ecommerce deben prestar especial atención para superar las inspecciones de los servicios provinciales de consumo de las Comunidades Autónomas sin estar expuestos a graves sanciones económicas:

1. Verificar la información precontractual que se ofrece al consumidor, previa a la venta online, así como facilitar el formulario para el ejercicio del derecho de desistimiento legal.

2. El ecommerce tiene que obtener el consentimiento expreso del consumidor para recibir la factura de compra en formato electrónico como una opción no predispuesta, de modo que tenga la opción de aceptarla o no. Si se solicita en formato en papel, no puede tener ningún coste extra.

3. Es muy importante confirmar que las condiciones generales de contratación que aparecen en la web cumplen toda la legislación vigente española y europea en materia de contratación a distancia a través de páginas web, así como con la normativa aplicable en materia de protección de datos personales y servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

4. Hay que poner especial cuidado a las prácticas comerciales desleales y evitar cláusulas que puedan considerarse abusivas para los consumidores, ya que es son otro de los puntos débiles en las irregularidades encontradas en las inspecciones.

5. Confirmar la aplicación de los nuevos derechos para los consumidores en relación con la ampliación del plazo de garantías que, desde el 1-1-2022, pasa de 2 a 3 años cuando los bienes vendidos de forma online resulten defectuosos o no se ajusten a lo publicitado en el e-commerce. Señalar, que a partir del 28-5-2022 entrarán en vigor nuevas modificaciones de gran calado en materia de información precontractual, la calificación de infracciones, la graduación de las sanciones y la consideración de consumidores vulnerables.

6. La web tiene que recoger una correcta identificación de los datos del empresario responsable de la tienda online.

7. Especial interés hay que poner en la descripción de las características y precio de los productos, incluyendo la información respecto al IVA aplicable a las ventas realizadas por consumidores en España o en cada país de destino de la Unión Europea y al régimen especial de ventanilla única para las ventas a distancia de bienes importados de un proveedor extracomunitario.

8. Otro punto débil es la falta información sobre los plazos de entrega y gastos de envío de los pedidos.

9. Hay que revisar las formas de pago establecidas y la política de devoluciones, ya que es obligatorio poner las condiciones, plazos y procedimientos.

10. Por último, el sitio web debe incluir un enlace que permita un acceso identificable y fácil a la plataforma de resolución de litigios en línea de la Unión Europea.

Wolters Kluwer

Los economistas creen que «ahora» no es el momento de subir impuestos

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) considera que ahora no es el momento de incrementar los impuestos en la reforma fiscal que planea abordar el Ejecutivo y creen que convendría plantearse «seriamente» la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio porque en la actualidad ha perdido potencia recaudatoria.

Los economistas creen que la fórmula para dar cumplimiento a las recomendaciones europeas para incrementar la recaudación en España pasan, no por subir los tipos, sino por tratar de revisar determinados incentivos relacionados, principalmente, con las deducciones. Además, consideran que este objetivo se podría alcanzar generando actividad económica y facilitando el crecimiento empresarial.

Esta aceleración de la actividad económica que ya se está produciendo, unido a los elevados precios de la energía, ha provocado que las tasas de la inflación se hayan disparado en los últimos meses. Sobre esta cuestión, los economistas creen que deberían modificarse algunos parámetros (como establecer reducciones para rendimientos de trabajo) si el Índice de Precios al Consumo sigue incrementándose y supone una subida importante de la tributación por esta vía.

Con un calendario «ajustado», los economistas admiten que no es fácil aventurar si se van a poder poner en marcha o no algunas de las medidas fiscales recomendadas por los expertos y aceptadas por el Ejecutivo. En este sentido, el CGE ha instado a tener «cuidado» con utilizar la figura de real decreto ley para adoptar medidas tributarias, ya que se ha comprobado que en otras ocasiones se ha hecho por este cauce y finalmente ha decaído al no hacerse por la vía legislativa correcta.

En cuanto a la recomendación de abolir Patrimonio, un impuesto que no se aplica en todas las comunidades autónomas, los economistas creen que el impuesto podría transformarse en una declaración informativa, solo para patrimonios que superen un determinado umbral.

Aunque el CGE considera que los impuestos sobre la riqueza, como es Patrimonio, en general son necesarios porque cumplen los objetivos de recaudar y de redistribuir, han alertado de que hay que eliminar la doble o triple tributación que se produce en algunos casos, como en determinados inmuebles, que se gravan por el IBI, por el Impuesto sobre el Patrimonio y por el IRPF.

Sobre Sucesiones y Donaciones, los economistas consideran que es una figura que plantea problemas de competencia fiscal a la baja. Si se decide mantener, el CGE recomienda solucionar los problemas técnicos que tiene, armonizando su normativa hasta llegar a la base liquidable, y dejando capacidad normativa a las comunidades para establecer los tipos impositivos, pero solo dentro de un rango.

En cuanto a otras medidas concretas, los economistas asesores fiscales entienden que es conveniente incentivar las aportaciones a los planes de empleo de las empresas, estableciendo para los empleadores una deducción en cuota para darle un impulso a esta interesante iniciativa.

Agencia Europa Press

La AEAT tiene 5.000 millones paralizados en concursos y concede 12.500 millones en aplazamientos desde 2020

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) tiene actualmente unos 5.000 millones de euros paralizados en procedimientos concursales y ha concedido en los últimos dos años unos 12.500 millones de euros en aplazamientos.

Este proyecto contempla un límite a las exoneraciones de créditos públicos de hasta 1.000 euros. Guillermo Barros, director de su Departamento de Recaudación, ha subrayado que el objetivo fundamental de la reforma es aumentar la eficacia de los procedimientos de reestructuración, anticipando situaciones de inviabilidad, ya que «el paso del tiempo se traduce normalmente en la pérdida de valor del deudor o empresa» y en España los plazos de estos procedimientos son «excesivamente largos».

Alerta temprana, fraccionamiento y reestructuración

Por ello, ha puesto en valor el futuro sistema de alerta temprana para anticipar problemas de solvencia y viabilidad (se prevé su desarrollo normativo posterior a la reforma) con información de la AEAT y la Seguridad Social, pero también la existencia de un sistema de aplazamiento ya vigente, que habilita a fraccionamientos ante situaciones transitorias de dificultad económica-financiera.

En los últimos dos años, la AEAT ha concedido 12.500 millones de euros en aplazamientos a empresas y autónomos de un total de 4,2 millones de euros solicitudes autorizadas. También ha remarcado que el acreedor público «no está exento de los sacrificios» en un proceso concursal, señalando que hay «en torno a 5.000 millones de euros paralizados por situaciones concursales» y que, aunque hay preferencia para cobrar, no hay garantía de este cobro.

Barros considera que las medidas planteadas en la reforma suponen un «gran avance» pues, además de los aplazamientos, medida «más inmediata» que pueden necesitar una empresa en problemas, se incluyen los créditos públicos en los planes de reestructuración.

Asimismo, ha explicado que hay otros países europeos que, a la hora de trasponer esta directiva, no han admitido este tipo de deudas dentro de sus exoneraciones, como Portugal. Otros, como Italia, no admiten la relacionada con el IVA.

«No estamos haciendo ningún disparate», ha insistido, recordando que el crédito privilegiado en una deuda tributaria es del 50 %, cuando en Reino Unido lo es al 100 %, en Países Bajos abarca todo impuesto sobre Sociedades, IRPF e IVA. «No alimentaría el mantra de que es dañina la regulación del crédito público», ha comentado.

Ha defendido que cualquier exención, condonación y rebaja «debe ser absolutamente excepcional» y ha aludido a posibles problemas de «competencia desleal donde pierden empresarios que cumplen» y de un «efecto llamada».

Agencia Europa Press

Gestha indica que banca y seguros siguen teniendo la mayor brecha salarial

En líneas generales, la brecha salarial se redujo un 7,2 % en 2020, unos 355 euros, hasta situarse en 4.593 euros. Unas cifras que se han dado pese a que los efectos de la pandemia en el trabajo afectaron más a las mujeres que a los hombres.

La segunda posición de este ranking lo ocupa el sector de la información y las comunicaciones, donde las mujeres cobran unos 8.144 euros menos, mientras que el podium de la discriminación lo completa el sector de servicios a las empresas, en el que las diferencias son de 6.515 euros.

En cuanto a salarios medios, el agrícola repite un año más como el sector en el que menos ganan las mujeres, registrando sueldos para ellas que apenas superan los 6.100 euros, con la mayor brecha salarial en términos porcentuales.

Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda han señalado que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «mejoró notablemente» el ritmo para acabar con la desigualdad salarial, aunque todavía se necesitan 74 años para cerrar la brecha.

Por otro lado, del informe también se desprende que los avances registrados todavía no logran equiparar la presencia de la mujer en el ámbito laboral.

Así, existen diferencias sustanciales entre sectores, ya que la representación de mujeres en el área de la construcción y las actividades inmobiliarias alcanza el 21 % sobre el total de asalariados, mientras que en los servicios sociales la mujer acapara el 63,3 % de los puestos.

Agencia Europa Press

Flagship stores: el futuro del retail prime en España

La experiencia del cliente se ha convertido en el principal reto de cualquier marca. En este sentido, el papel de las flagship stores se ha consolidado en las principales ciudades de todo el mundo. Este tipo de locales tan representativos ofrecen servicios de calidad al cliente sin tener en cuenta la compra del producto. Se trata de enaltecer y reforzar la imagen de la marca.

Las flagship stores tienen una superficie más grande de lo habitual y normalmente están ubicadas en zonas estratégicas o en edificios emblemáticos. Ángela Sánchez, directora de Retail de Laborde Marcet, asegura que «las rentas de estos activos suelen ser muy altas, pero las marcas consolidadas saben que es una buena apuesta para ganar visibilidad y añadir un valor agregado a la marca con el objetivo de fidelizar al cliente».

En este escenario, el precio medio de las rentas de las ubicaciones con más afluencia de España suele oscilar entre los 3.000 euros por metro cuadrado al año, de media.

Ante el aumento de las compras online, las tiendas ubicadas a pie de calle se han tenido que reinventar. «Debido al auge de las compras en línea, las tiendas han tenido que dejar de lado la tradicionalidad y aprovechar el incremento de la digitalización y la última tecnología para ofrecer servicios y una experiencia inmersiva», subraya la directora de Retail. Algunos ejemplos de ello son los probadores con tecnología o un buen servicio de logística.

En España, el sector que se ha adaptado más fácilmente a este tipo de negocio es el de la moda. Marcas como Zara, Desigual o Mango han decidido optar por esta nueva estrategia comercial. Además, estas tiendas insignia pueden contar con servicios de restauración, supermercados o incluso hoteles. Una propuesta disruptiva que está en auge en el high street español.

Wolters Kluwer